La millonaria multa que tuvo que pagar Azul Azul por incidentes del clásico universitario del 2023
Azul Azul, concesionaria que administra Universidad de Chile, ha pagado una multa millonaria al Fisco por los incidentes ocurridos durante el Clásico Universitario de abril de 2023, disputado en el Estadio Ester Roa de Concepción. Según informó T13, el club realizó un Pago de Deuda Fiscal por un monto de 236 millones de pesos.
Millonaria multa por el clásico universitario del 2023
Esta sanción económica se deriva de una sentencia de la Corte Suprema emitida en diciembre de 2024. Inicialmente, la multa establecida por la Corte de Apelaciones de Concepción ascendía a aproximadamente 350 millones de pesos, lo que habría constituido la multa más alta en la historia del fútbol chileno. Sin embargo, gracias a la apelación presentada ante el máximo tribunal, la U logró reducir significativamente el monto a pagar.
La sentencia judicial identificó varias falencias en la organización del evento por parte del club. Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:
- Falta de comunicación y coordinación entre el jefe de seguridad del club y Carabineros durante el espectáculo
- Vulneraciones en el sistema de acceso y control de identidad
- Deficiencias en el dispositivo de seguridad privada
- Obstrucción de las vías de evacuación
- Insuficiente cantidad de elementos tecnológicos, incluyendo megafonía y paletas detectoras de metal
Justo en el peor momento
Esta situación se suma a otros conflictos institucionales que enfrenta la U en el inicio de 2025, incluyendo la controversia en torno a la adquisición de la propiedad de la concesionaria por parte del actual presidente Michael Clark. El pago de esta multa ocurre en un momento delicado para el club, aunque no se ha especificado si este desembolso afectará la capacidad del equipo para realizar nuevas contrataciones.
La resolución de este caso establece un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los clubes en la organización de eventos deportivos y las consecuencias económicas que pueden enfrentar por fallas en los protocolos de seguridad.
